A tenor del artículo 5 del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, los planes de igualdad deben negociarse y para ello se debe crear una Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. Teniendo en cuenta lo que nos indica los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que la empresa deberá negociar, o en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.

Pero como se debe de proceder en aquellas empresas que   no tienen representantes de los trabajadores, debemos de dejar muy claro que la sentencia del Tribunal Supremo, 26 de enero 2021 ha establecido que no es posible crear una comisión ad hoc (específicamente para ello) para negociar un Plan de Igualdad, que viene a aplicar el criterio previo de la Audiencia Nacional de 10 de diciembre 2019.

Por lo tanto, cuando no hay representantes en la empresa la Comisión del Plan de Igualdad debe estar integrada, conforme nos indica la norma, por los sindicatos más representativos y por los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión negociadora estará válidamente integrada por aquella organización u organizaciones que respondan a la convocatoria de la empresa en el plazo de diez días.

Concretamente “El artículo 5 del RD 901/2020 establece que, en el plazo de diez días, la empresa tendrá que obtener respuesta de la solicitud, pero nada señala sobre qué ocurre si la empresa peticionaria no ha obtenido dicha respuesta. Pues bien, siendo el artículo 5 del RD 901/2020 un desarrollo completo de la previsión del propio artículo 45 de la LOIEMH cuando habla de que los planes de igualdad deben ser objeto de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral, no cabe aplicar con

 

carácter supletorio el artículo 41.4 del ET, es decir, nombrar a una comisión ad hoc pues ésta no tiene habilitación legal expresa para la negociación. La empresa tendrá, por tanto, que agotar todas las posibilidades previstas en el precepto, requiriendo nuevamente a las centrales sindicales legitimadas para que formen parte de la comisión negociadora del plan, pues evidentemente la no respuesta del sindicato o sindicatos legitimados no deja sin efecto la obligación empresarial de tenencia del plan. Si finalmente no obtiene respuesta, la empresa tendrá que adoptar el plan de igualdad de forma unilateral. En tal caso, convendremos en lo altamente recomendable que supone dar entrada a la plantilla en la medida en que puede agilizar la implementación del plan.

El artículo 47 de la LOIEMH dota de una cierta transparencia al proceso de implantación del plan de igualdad, toda vez que “se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras, a la información sobre el contenido de los planes de igualdad y la consecución de sus objetivos”. Lo anterior es coherente con el art 5.2 del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, que indica que el procedimiento de negociación en aquellos aspectos no expresamente tratados en el presente reglamento será el establecido en el artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores. Por su parte, el artículo 89 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, al que reenvía el artículo 5.2 citado indica, sobre el deber de negociar, que la parte receptora de la comunicación [de llamamiento a negociar] solo podrá negarse a la iniciación de las negociaciones por causa legal o convencionalmente establecida, o cuando no se trate de revisar un convenio ya vencido, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 83 y 84; en cualquier caso se deberá contestar por escrito y motivadamente. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe. Ello implica que la parte social ha de concurrir a la negociación, sin que exista la posibilidad de plantear una negativa a la misma, salvo que medie causa legal o convencionalmente establecida, la cual deberá comunicar por escrito y motivadamente. Por tanto, en el caso de que determinados representantes no accedan a participar en la comisión negociadora, deberán delegar su

 

representación en los que sí vayan a participar en la misma, de forma que estos puedan representar al conjunto de los trabajadores sobre los que se proyecta el plan.

Esta es la única manera de que se respete la obligación de la parte social de concurrir a la negociación, y de que la composición de la misma sea proporcional a la representatividad de los representantes de las personas trabajadoras. (DGT-SGON- 062AMA).

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MARTA BARAHONA RUIZ
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